La deuda de la democracia: el Aborto
Legal Seguro y Gratuito
A
dos años del cajoneo del Proyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Comisión de Legislación Penal del
Congreso de la Nación , presentado por la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, exigimos a
nuestros legisladores y legisladoras su urgente tratamiento e inmediata
aprobación, para resarcir la gran deuda de la democracia con las miles de
mujeres que mueren víctimas de abortos clandestinos.
A
treinta años de la vuelta de la democracia convocamos junto a la Campaña a
realizar una manifestación el viernes 1 de noviembre a las 16:00 hs frente al
Congreso para denunciar la falta de voluntad política y "cajoneo"
legislativo de una ley urgente y necesaria que evitaría la muerte de miles de
mujeres que se realizan abortos en condiciones deplorables cada año y
convierten a los abortos inseguros en la primer causa de mortalidad
materna en nuestro país.
El
proyecto de ley por la IVE fue presentado en 2011,
por cuarta vez, con el apoyo de organizaciones de mujeres, feministas, sociales,
sindicales, estudiantiles y 58 diputados y diputadas de todos los bloques
partidarios, la
aprobación de esta medida es una avance en la conquista de derechos de las
mujeres y sin dudas una profundización de la democracia que exige al Estado la
protección de la salud, la vida, la igualdad y la autonomía de las mujeres
ya que son más de medio millón las que se realizan abortos cada año.
Dicho
proyecto sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción
voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso
gestacional; exige que los servicios de salud del sistema público garanticen el
acceso gratuito la práctica y que los de la seguridad social de salud y de los
sistemas privados las incorporen a sus coberturas en igualdad de condiciones
con sus otras prestaciones. Además, que en todos los casos la autoridad
responsable del servicio de salud garantice la realización de la práctica; y
que se efectivicen sin ninguna autorización judicial previa. Sin dudas, los
principales detractores de la ley son las corporaciones médicas, religiosa y
judicial; ponen de manifiesto el entramado institucional que vulnera de forma
sistemática los derechos adquiridos por las mujeres y la necesidad
impostergable de avanzar en esta discusión
Porque es una
cuestión de Salud pública y Defensa de los Derechos Humanos y porque tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios
cuerpos, seguimos reclamando por la pronta sanción de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo y ratificamos el esfuerzo
permanente por la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral y la
vigencia plena del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
en todo el país.
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